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Clases particulares ilegales: competencia desleal para las academias

Clases particulares ilegales: competencia desleal para las academias

El negocio de las clases particulares ilegales lleva años haciendo una competencia desleal a las academias de formación legales. Estos negocios, que están fuera de la ley, no cumplen con la legislación en materia de impuestos y licencias, pero se benefician de todas las ventajas de su actividad económica.
Recogen importantes ganancias, mientras que no se hacen cargo de ninguno de los inconvenientes que tienen que afrontar las academias legales, como el pago de impuestos, altas en la Seguridad Social o contrataciones de trabajadores.
Los docentes ilegales que las imparten no pagan la cuota de autónomo, ni la licencia de actividad, ni el alquiler de un local, porque en gran parte de los casos ofrecen la formación en sus domicilios particulares.

Precios a la baja

Esta situación fuerza a las academias legales a ajustar sus precios a la baja y reducir tanto el margen de beneficio, que muchas se ven obligadas a despedir a trabajadores e incluso cerrar sus puertas.
Además, las Inspecciones de Trabajo son habituales en muchos centros establecidos de forma legal, mientras que las academias ilegales, ocultas en la economía sumergida, desarrollan su actividad de una manera invisible para la Administración, beneficiándose de todos los derechos y sin cumplir las obligaciones que marca la ley.

 

Profesores ilegales

Los profesores ilegales son de diversa tipología. Una pequeña parte de ellos son estudiantes universitarios o recién graduados que recurren a dar clases para ganar un dinero extra, mientras encuentran un trabajo legal o acaban sus estudios.
Sin embargo, la actividad que se ha consolidado como un verdadero problema para la supervivencia del sector de la formación legal es el sector paralelo desarrollado por profesionales que tienen otra actividad principal, pero que manejan un negocio ilegal de clases particulares como segunda actividad.

Docentes de la Enseñanza Pública

Desde el sector de las academias legales se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones cómo hay muchos docentes que provienen de la Enseñanza Pública y que, por las tardes, desarrollan una segunda actividad en la economía sumergida.
También hay juristas, profesores universitarios o incluso inspectores de trabajo con empleos bien remunerados, que llevan años gestionando este tipo de negocios para dar clases de preparación de oposiciones, algo que les reporta grandes beneficios en negro, que no declaran a Hacienda y con los que causan un importante perjuicio a las academias que han legalizado su actividad.
No obstante, para que un docente proveniente de la Enseñanza Pública pueda impartir clases de este tipo, debe legalizar su situación laboral, disponer de un seguro, la correspondiente licencia municipal para el desarrollo de esa actividad y llevar a cabo las clases en un local con salida de emergencia y acceso para personas con discapacidad, entre otros requisitos.


Academias ilegales

Este fraude ha ido tomando grandes dimensiones en los últimos años. La convocatoria de nuevas plazas de empleo público ha hecho que este negocio ilegal vuelva a florecer, con domicilios particulares que se organizan como academias legales, con varios grupos de alumnos, horarios organizados y zonas habilitadas como las propias academias.
Los precios de estas clases suponen enormes ganancias a los profesores ilegales y también resultan ventajosos para los alumnos. El secreto de su éxito es que las academias ilegales disponen de un mayor margen para ajustar el coste, al no tener que pagar licencia de apertura, impuestos, cuota de autónomos, Seguridad Social de los trabajadores y otras tasas municipales.

Permisividad de la administración

Una de las cosas que más sorprende al sector de las academias legales es la fiscalización a la que les somete a ellas la Administración Pública, mientras que existe una gran permisividad con las academias ilegales.
De hecho, en muchos casos las clases ilegales son impartidas por profesionales de la propia Administración Pública, del ámbito universitario o el jurídico, que generan grandes ganancias con una actividad ilegal desarrollada en la economía sumergida.
Los anuncios de academias ilegales pueden encontrarse por todos lados, incluyendo en zonas públicas, folletos impresos, publicidad en Internet, tablones de la Universidad o carteles impresos.

El sector de la formación ilegal actúa con impunidad, entre otras razones, porque cualquier denuncia que se haga contra él, debe llegar acompañada de pruebas. Por ejemplo, un alumno debe testificar que está recibiendo clases ilegales, algo que rara vez ocurre.
Gastos de una academia legal que no tienen las ilegales

Las academias legales deben hacer frente a una serie de gastos fijos que suponen una parte importante de sus beneficios mensuales. Entre ellos están los gastos de alquiler o hipoteca del local, los sueldos de personal, gastos de mantenimiento de instalaciones y mobiliario, gastos de publicidad, pago de licencias, facturas de luz, impuestos municipales, etc.

Para abrir un centro de formación legal, además, es necesaria una licencia de apertura para un establecimiento que desarrolle este tipo de actividad.

Estos son los principales gastos fijos que supone desarrollar una actividad económica en el ámbito de la formación, con una academia en un local.

  • Proyecto y licencia de obra.
  • Trabajos de construcción, reforma o acondicionamiento (los centros deben cumplir una serie de requisitos, como determinadas características de seguridad, salidas de emergencia, accesibilidad, etc.).
  • Licencia de actividad, licencia ambiental.
  • Alta en el régimen de autónomos.
  • Mobiliario (sillas, mesas, etc.), equipos tecnológicos (ordenadores, software, aires acondicionados, etc.).
  • Sueldos de los trabajadores (Seguros Sociales, IRPF).
  • Alquiler o hipoteca del local.
  • Impuestos (IVA, IRPF, impuestos municipales, Impuesto de Actividades Económicas).
  • Seguros (Robo, para locales comerciales, Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Accidentes, etc.).
  • Previsión de gastos por si hay meses en los que no se generan beneficios.
  • Gastos derivados de la aplicación de la Ley de Protección de Datos y del Reglamento General de Protección de Datos.
  • Gastos derivados de la prevención de riesgos laborales.
  • Gastos de comunicación, marketing y publicidad (Difusión, sitio web, folletos, carteles, etc.).

Calidad de la formación

Las academias ilegales suponen un perjuicio para toda la sociedad y para la actividad económica en general. La razón es que la Hacienda Pública no recibe los impuestos correspondientes a esa actividad económica.
Además, también se resiente la calidad educativa. Ni las instalaciones, ni el tipo de formación, ni las garantías para el alumno cumplen con las altas exigencias que fijan las academias legales.

La proliferación de clases particulares, sobre todo las que se orientan a la preparación de oposiciones, se cobran a unos altos precios, que no revierten a la sociedad ni en cuotas a la Seguridad Social, ni en sueldos a trabajadores, ni en impuestos municipales.
A esto se une que la existencia de estos centros de formación pone en peligro a las academias legales, muchas de las cuales han tenido que cerrar o deben reajustar sus presupuestos y plantillas para que la calidad de sus servicios no empeore.

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